El ejercicio del periodismo en México
Desde las aulas de periodismo hasta las redacciones, ejercer esta profesión exige ética, rigor y responsabilidad, pero también condiciones que permitan trabajar sin amenazas ni represalias.
Por Fernando Díaz Naranjo
Periodista, académico de la @CarlosSeptienG
En México informar puede costar la vida y la impunidad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para garantizar justicia a quienes ejercen el periodismo. Una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley, retomada por Animal Político, identificó a 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En estos casos, los niveles de impunidad se mantuvieron entre 93 y 99%, una cifra que evidencia la falta de justicia para las víctimas y la persistencia de condiciones que permiten que las agresiones continúen sin consecuencias.
El diagnóstico internacional sobre la libertad de prensa confirma la gravedad de la situación en México. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó al país en el lugar 122 de 180 naciones. Entre los casos que evidencian los riesgos de ejercer esta profesión se encuentra el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca. RSF lo identificó como el séptimo periodista asesinado en el país en lo que iba del año.
Posteriormente, el 10 de octubre, se reportó el asesinato de Hamurabi Huesca Manzano. Leyva Aguilar había denunciado amenazas de muerte un año antes de su homicidio, sin que ello evitara su asesinato.
Las agresiones contra la prensa también incluyen amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y presiones judiciales para frenar investigaciones o desacreditar a quienes cuestionan al poder.
Cuando estos ataques permanecen impunes, se favorece la autocensura y se limita la independencia periodística. Las consecuencias trascienden las redacciones, la sociedad pierde información indispensable para identificar abusos, comprender su realidad y exigir responsabilidades. Cada investigación interrumpida por miedo representa un retroceso para la vida pública y debilita la capacidad ciudadana de cuestionar a sus autoridades.
La reciente aprobación de una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida como “ley antimemes”, generó polémica por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión. La modificación busca sancionar el uso de logotipos e identidad gráfica de instituciones públicas para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito; sin embargo, las críticas advierten que su aplicación podría afectar la sátira, la parodia y la crítica política. La discusión adquiere especial relevancia ante el inicio del proceso electoral 2026- 2027, cuando las redes sociales serán un espacio central para cuestionar candidaturas, denunciar irregularidades y confrontar discursos oficiales.
Garantizar la libertad de prensa exige investigaciones eficaces, sanciones contra los responsables y mecanismos de protección capaces de actuar antes de que las amenazas se conviertan en tragedias. También, requiere que las autoridades respeten la labor periodística y que el Poder Legislativo evalúe las consecuencias de sus decisiones sobre la vida pública. Frente a los riesgos que enfrenta el periodismo en México, es indispensable que las instituciones garanticen el ejercicio pleno de la libertad de expresión y que ninguna disposición legal se utilice para inhibir la crítica o limitar el debate público.
Desde las aulas de periodismo hasta las redacciones, ejercer esta profesión exige ética, rigor y responsabilidad, pero también condiciones que permitan trabajar sin amenazas ni represalias.
Los asesinatos, la impunidad y las controversias legislativas evidencian que defender la libertad de prensa requiere compromisos institucionales concretos y una sociedad dispuesta a exigir su cumplimiento. Garantizarla significa proteger tanto el derecho de los periodistas a investigar como el de la ciudadanía a informarse, cuestionar y exigir cuentas. Cuando informar se convierte en una actividad de alto riesgo, no sólo pierde el gremio periodístico: se debilita la democracia.
Comentarios