top of page
Buscar

Ley de Pagos Digitales: Inseguridad, exclusión y vulnerabilidad financiera

3 nov
9 min de lectura

Por Sebastián Campos Rivera


Con el argumento de impulsar la digitalización, la trazabilidad de recursos y la recaudación, la Cuarta Transformación (4T) busca aumentar el uso de pagos electrónicos en el país. Sin embargo, dicho plan avanza en un contexto de riesgos financieros: durante el primer semestre de 2026 se registraron casi tres millones de reclamaciones bancarias relacionadas con posibles fraudes.


A los riesgos de seguridad se suma la exclusión financiera que afecta a una parte importante de la población: 52% de los trabajadores de la economía informal carece de acceso a estos servicios, frente a 11% de los empleados formales.


De esta manera, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende reducir el uso de efectivo en un país donde millones de personas enfrentan barreras para acceder a servicios financieros, al mismo tiempo que la inseguridad expone a los usuarios a la posibilidad de perder sus ahorros.


El pasado 8 de septiembre, la mandataria envió a la Cámara de Diputados la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la intención de “ayudar a la seguridad, la eficiencia y a la formalización de comercios y productos”.


José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), explicó que la nueva iniciativa ayudará a acelerar pagos digitales mediante las aplicaciones para dispositivos móviles de las instituciones financieras.

También aseguró que la propuesta aprovechará las capacidades de los sistemas existentes para enviar dinero, como el SPEI y CoDi, para hacer transferencias inmediatas, impulsará la actividad económica facilitando el intercambio entre personas y empresas y “profundizará la inclusión financiera con bancarización, historial financiero y acceso a crédito”.


Foto © Página Central
Foto © Página Central

A detalle, la propuesta de ley enviada al Congreso también otorga más facultades al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obligar a que los negocios con terminales bancarias acepten pagos con QR, ampliar los niveles de las cuentas de depósito y supervisar los movimientos financieros.


Además de estos cambios, plantea el uso de un “Expediente Digital Ciudadano” para consultar documentos de los usuarios con su consentimiento y la validez del CURP Digital como medio de identificación ante autoridades financieras.


En términos simples, la nueva ley busca que más mexicanos paguen y transfieran dinero desde sus celulares, obliga a ciertos negocios a aceptar pagos mediante códigos QR y otras herramientas, al mismo tiempo que amplía las facultades de las autoridades para supervisar las operaciones, aunque no toma en cuenta los riesgos asociados con ello, como la falta de conectividad digital y seguridad bancaria.


Para el 1 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados la aprobó con 330 votos a favor y 122 en contra. Durante la discusión, los legisladores de Morena y partidos aliados defendieron la propuesta, argumentando que se trata de una medida necesaria para impulsar el mercado interno, al mismo tiempo que promueve la inclusión financiera de los pequeños negocios del país.


Por el contrario, desde las bancadas opositoras acusaron que se trataba de una propuesta riesgosa, dado que el país no cuenta con la infraestructura suficiente para aplicarla plenamente.


“Esta ley podría ayudar a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero como está planteada, el riesgo es que aumente la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica si se aplica de manera obligatoria, sin infraestructura suficiente ni conducción efectiva de los usuarios”, vaticinó Emilio Suarez, del PRI.


Respecto del uso del Expediente Digital, la panista Verónica Pérez Herrera alertó que ofrece herramientas que facilitan al Estado “la posibilidad de saber cada vez más sobre tu vida”.


Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano (MC) denunció que representa peligros para la privacidad, pues “no dice qué datos se guardan, por cuánto tiempo, quién los consulta ni para qué”.


También alertó que no define quién asumirá los costos relacionados con conectividad, dispositivos de cobro y procesos de adaptación, lo que podría dejar en vulnerabilidad a los pequeños negocios, así como a las regiones más desfavorecidas del país y, a largo plazo, a los consumidores.


“Es una puerta abierta peligrosa en las manos de un Estado que ha usado a este Congreso, a sus diputados, sólo para concentrar poder. Digitalizar, sí, pero con el costo a cargo del Estado y no de la tiendita”, dijo.


El 14 de octubre, las comisiones de Economía y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República ratificaron la propuesta, con 19 votos a favor y ocho en contra.

 

Además del efectivo y las tarjetas de débito* y crédito, en México también se utilizan otras dos formas de hacer pagos o transferencias a usuarios: el más famoso es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el cual permite enviar dinero a cuentahabientes de otras instituciones financieras. Comenzó a operar el 13 de agosto de 2004 y es regulado por el Banxico.

 

Desde septiembre de 2019 el Cobro Digital o CoDi también permite realizar pagos o cobros mediante teléfonos celulares, con tecnologías como los códigos QR y al igual que el SPEI, es regulado por el banco central mexicano.


 

Fraudes que erosionan la confianza bancaria

Si bien la propuesta busca ampliar el uso de los pagos electrónicos mediante herramientas que ya operan en el sistema financiero mexicano, su implementación enfrentará el desinterés de una parte importante de la población.


De acuerdo con México Evalúa, el país experimenta un “equilibrio de efectivo”, en el que “los negocios no ofrecen pagos digitales porque los clientes no los solicitan, y los consumidores no los demandan porque no esperan encontrarlos”.


Esto podría deberse, en gran medida, a la marcada desconfianza de los mexicanos hacia los bancos e instituciones financieras: datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la CNBV revelaron que casi 40% de la población no confía en estas entidades, y no es para menos, dado que ha aumentado el número de fraudes bancarios


Sólo en la primera mitad de 2026 se han presentado 3 millones 941 mil 210 reclamaciones contra instituciones bancarias ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).


Del total de casos, 75.10% correspondió a posibles fraudes; 2.94%, a problemas con banca y servicios electrónicos, y 0.53% a posibles robos de identidad.


Foto © Centrando La Nota
Foto © Centrando La Nota

Detrás de las millones de reclamaciones registradas ante las autoridades hay usuarios que enfrentan dificultades para recuperar su dinero después de detectar operaciones que aseguran no haber autorizado. Es el caso de Brizanya Fernández, de 26 años, quien relató que el 11 de agosto pasado detectó movimientos que no reconocía en su tarjeta de Banamex y que, tras reclamar ante la institución, recibió una resolución desfavorable.


Ese día, Fernández recibió una notificación en su aplicación de banca móvil de un retiro por 7 mil 500 pesos. Minutos después, llegó otra alerta por una operación de 63 mil pesos. “Me sorprendió, porque realmente yo no tenía esa cantidad de dinero, pero tampoco siquiera la vi reflejada, solamente me llegó la notificación”, dijo.


Intentó comunicarse por teléfono con el banco para reportar las operaciones, pero no pudieron resolver su situación. Al día siguiente acudió a una sucursal para exigir una aclaración.


Entre llamadas, folios y visitas, relató que el personal de la institución y el servicio de atención telefónica se atribuían mutuamente la responsabilidad de atender su caso. La incertidumbre se agravó cuando descubrió que los 63 mil pesos correspondían a un préstamo que nunca solicitó.


Fernández afirmó que no recibió una notificación previa sobre la autorización del crédito y que los mensajes que llegaron después fueron contradictorios: primero le informaron que había sido rechazado y posteriormente que estaba aprobado.


Banamex rechazó su reclamación y ahora enfrenta la posibilidad de tener que pagar una deuda que sostiene no haber contraído, situación que la llevó a expresar su indignación y a descartar que vaya a cubrir el monto. “De mi parte, no pienso pagar absolutamente nada porque a mí me acaban de robar y mi banco ni siquiera se hace responsable”, declaró.


Una situación similar enfrentó David García, de 37 años, quien, tras sufrir el robo de su teléfono celular, detectó operaciones que asegura no haber realizado en tiendas departamentales y en los bancos BBVA y Banamex. Según su cálculo, los responsables dispusieron de alrededor de 36 mil pesos mediante créditos, retiros de efectivo y compras.


García relató que dos hombres que viajaban en una motocicleta le arrebataron el teléfono. Aunque intentó sujetarlo, no logró evitar el robo. Después se trasladó a su trabajo, donde activó el modo perdido del dispositivo, convencido de que así impediría que alguien accediera a su información.


Sin embargo, al revisar sus correos electrónicos encontró notificaciones de operaciones que desconocía: se habían solicitado y utilizado créditos en distintas instituciones financieras.

“Yo estaba muy sorprendido. Porque no supe cómo lo hicieron. No supe cómo entraron a mis aplicaciones”, relató.


El afectado explicó que esa misma noche y al día siguiente llamó a los bancos para bloquear sus tarjetas y desconocer los cargos. No obstante, aseguró que declararon improcedentes sus reclamaciones porque las operaciones se habían realizado con sus datos y desde sus aplicaciones financieras.


García trabaja en los sectores bancario y tecnológico, con experiencia relacionada con la seguridad, por lo que también cuestionó cómo pudieron acceder a sus aplicaciones y obtener créditos después del robo. Pese a las precauciones que asegura tomar para proteger sus dispositivos, dijo que no ha conseguido una explicación sobre el mecanismo utilizado.


Al igual que Fernández, rechazó asumir las deudas derivadas de operaciones que niega haber realizado. “No estoy dispuesto a pagar toda esa cantidad de dinero por algo que no hice”, afirmó.


El caso permanece en proceso de aclaración ante la Condusef. Mientras espera una resolución, García busca que las autoridades investiguen cómo se realizaron los movimientos y que las instituciones revisen las operaciones que desconoce.


Las experiencias de ambos usuarios también modificaron su percepción sobre la digitalización de los servicios financieros. Brizanya consideró que la propuesta puede ser positiva, aunque advirtió que el cambio podría complicar las operaciones para ciertos sectores de la población.


“Yo siento que sí está bien, pero también hay que estar conscientes que para la gente mayor es más complicado y eso no te salva de alguna estafa”, sostuvo.


Para David, la digitalización de los pagos era una alternativa práctica para evitar cargar efectivo. No obstante, su experiencia lo llevó a cuestionar las condiciones en las que se impulsa esta transformación, así como la capacidad de los usuarios para protegerse de dichos delitos financieros.

 

Las limitaciones de la vigilancia bancaria

La Ley de Pagos Digitales también contempla mayores facultades de supervisión para la CNBV, pero este organismo regulador enfrenta presiones presupuestarias que han debilitado sus procesos internos, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para asumir nuevas responsabilidades sin descuidar las tareas de vigilancia que ya tiene a su cargo.


De acuerdo con un acta de una sesión de su Junta de Gobierno, en 2025, la falta de recursos obligó a suspender la subcontratación de personal especializado, equivalente a 35% de la plantilla. Esta medida afectó la capacidad operativa de la entidad e interrumpió labores de inspección de casi 5 mil instituciones financieras.


Además, 37 de las 305 acciones previstas en el Programa Anual de Supervisión quedaron pendientes, principalmente por la reducción de trabajadores y la elevada carga laboral. Según documentos del organismo, esta situación puso en riesgo tanto su funcionamiento como a los usuarios de servicios financieros.


Estas deficiencias se dieron en un contexto de presión internacional, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) señalara a tres instituciones mexicanas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero para grupos del crimen organizado.

 

La inclusión financiera, una deuda pendiente

A la desconfianza de los usuarios hacia la banca y la inseguridad digital se suma la exclusión financiera que enfrenta una parte de la población. El centro de análisis de políticas públicas México Evalúa advirtió que limitar el uso de efectivo podría resultar contraproducente, pues dificultaría aún más el acceso a los servicios financieros.


“Estamos hablando de que más de la mitad (52%) de los trabajadores en la economía informal carece de acceso a servicios financieros, frente a sólo 11% de los formales. Esta exclusión perpetúa la informalidad y limita la movilidad social”.


En la misma línea, expuso que las nuevas directrices no contemplan las desigualdades territoriales, dado que las regiones con mayor proporción de micronegocios y menor conectividad concentran las tasas más bajas de aceptación digital.


“Una política homogénea que no contemple estas diferencias puede agravar la desigualdad en lugar de reducirla”, enfatizó el organismo.


Ante este panorama, México Evalúa solicitó a las autoridades establecer un Comité de Gobernanza de Pagos Digitales presidido por Hacienda, el cual deberá presentar informes sobre avances, obstáculos y recomendaciones de ajustes a dicha estrategia, así como garantizar el cumplimiento de ciberseguridad, cobertura y capacitación para usuarios y comercios.


También indicó que se deberá implementar un programa nacional de inclusión financiera que vincule la apertura de cuentas bancarias con el desarrollo de hábitos de pago digital, “con componentes específicos para comunidades rurales, adultos mayores y personas en situación de marginalidad”.


En específico, subrayó que dicho Comité también deberá ofrecer herramientas para transacciones en zonas con bajo acceso a servicios financieros tradicionales, aprovechando el alto uso de teléfonos inteligentes.


Aunque la propuesta ya pasó por el Poder Legislativo, aún falta su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al mismo tiempo que Hacienda deberá definir en qué sectores estratégicos y actividades el uso de efectivo será eliminado.


Así, mientras el Gobierno busca avanzar hacia una economía más digital, persiste el reto de garantizar que esta transformación no deje atrás a quienes desconfían de los bancos, carecen de acceso a servicios financieros o temen perder sus ahorros ante un fraude.


*El presente reportaje fue publicado originalmente en la revista “Buzos de la Noticia”.


 
 
 

Comentarios


bottom of page